En la comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación, se analiza un proyecto de ley mediante el cual se promueve que los servicios de radiodifusión que operan en el territorio argentino emitan microprogramas destinados a propender a la formación e información cívica, con el propósito de“acercar a los ciudadanos a las instituciones”
Se trata del“Régimen de Formación e Información Cívica”presentado recientemente por el diputado Simón Hernández, en el cual se argumenta la necesidad de que“todo habitante del país tenga acceso a la información que le permita conocer cómo funcionan las instituciones, también los deberes, facultades y responsabilidades que tienen los funcionarios y empleados que las integran” Asimismo, admite la necesidad de que los ciudadanos conozcan “cómo está dividido constitucionalmente el gobierno”, y“cómo acceder a cada uno de los órganos y organismos”que forman parte del mismo.
El legislador movilizador, como razón de la normativa propuesta, sostiene que quienes forman parte de la estructura de gobierno“a veces no comprendemos por qué la ciudadanía le "exige" a los legisladores que "actúen" en el procesamiento de una persona ante el poder judicial; o que los jueces "interpreten" o dejen sin "efecto" decisiones tomadas en ejercicio de facultades discrecionales del poder ejecutivo; o que el poder ejecutivo "genere" normativa equitativa y justa”“Sin embargo -añade al respecto-, somos nosotros los que no visualizamos que los ciudadanos no siempre tienen cabal conocimiento acerca de lo que la reconocida frase "división de poderes" implica, y ello los lleva a pensar que la misma sólo se utiliza como forma de "evadir" responsabilidades o de incumplir funciones, que en realidad no corresponden a quienes se las reclaman”
Por otro lado, el legislador señala que el proyecto pretende que el ciudadano“se interese por los problemas de su "polis", se concientice sobre los mismos y procure colaborar en su solución”“Pero para eso -aclara-, también es indispensable que conozca todos y cada uno de los derechos que la Carta Magna le otorga”, porque“sólo así, conociendo las garantías que lo protegen y los deberes que los obligan, pueden sentirse involucrados en el quehacer nacional”, afirma.
Antecedentes
En la iniciativa se menciona como antecedente previo el artículo 72 de la vieja Ley Nº 22.285 de Radiodifusión, en sus incisos (f) y (g), en la cual se obliga a los servicios de radiodifusión a transmitir sin cargo emisiones que hagan al interés general. Determina igualmente que tales transmisiones podrán ocupar hasta un 7% de las emisiones diarias.
En virtud de que“los medios de comunicación llegan prácticamente a todos los rincones de la Nación y a todos sus habitantes”, y que se constituyen en una“herramientas útil para alcanzar los objetivos que la presente norma se plantea”, Simón Hernández propone que“las emisoras de radiodifusión cedan gratuitamente un mínimo del 5% de su tiempo de transmisión”
Contenidos
Por último, el proyecto contempla que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, el organismo funcionalmente competente para actuar como autoridad de aplicación, será el encargado de diagramar el contenido a difundir, respetando los parámetros de ésta ley y de su reglamentación. No obstante se especifica que los mismos“deberán proveer información en lenguaje fácilmente asimilable y atractivo”, acerca de:
- La forma de gobierno adoptada por la Constitución Nacional.
- Alcances del federalismo, delegación de facultades de las provincias a la Nación, facultades no delegadas.
- Noción, efectos y consecuencias de la división de poderes.
- Deberes y facultades de los tres poderes de la Nación.
-Composición interna del Poder Ejecutivo, división funcional, responsabilidades.
- Procedimiento de sanción de las leyes.
- Composición interna del Poder Judicial, jerarquías, división de la justicia nacional, federal y provincial.
- Noción general de ingresos y egresos del Estado, presupuesto nacional.
- Procedimiento a seguir para informarse, reclamar o denunciar ante los organismos centralizados y descentralizados -tales como, de defensa de consumidores y usuarios; de información a las víctimas de delitos; de información a trabajadores y beneficiarios de la seguridad social y del sistema nacional del seguro de salud; entre otros-, que operan en los ámbitos nacionales, provinciales y locales.
