El escrito obliga a la secretaria de Seguridad Operativa del Ministerio de Seguridad de la Nación a dar "efectivo cumplimiento a todo lo ordenado en el pronunciamiento de fecha 09-03-2011, el cual se encuentra plenamente vigente e inalterable". Aquella orden había ordenado precisamente el desalojo del predio.
"En caso de constatarse la consecución del incumplimiento, se generará la aplicación de nuevas sanciones pecuniarias a todos aquellos funcionarios que resulten responsables", señala el magistrado.
El texto reclama además al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que presente "a través de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), en el perentorio plazo de 24 hs. un informe de la cantidad de viviendas efectivamente afectadas al plan de relocalización de Villas y Asentamientos precarios, en el predio sito en la calle Lafuente, Castañares y Portela de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, identificando la cantidad exacta de viviendas y módulos habitacionales; con la documentación respaldatoria al efecto".
A fin de cumplir esta resolución, el magistrado llamó a que los Ministerios de Seguridad nacional y porteño avancen en "la implementación de todas las acciones que garanticen efectivamente el trabajo de los responsables al cumplimiento de la presente manda, a fines de evitar toda situación que entorpezca en cualquier modo el desenvolvimiento normal de las obras referenciadas".
Desde el gobierno macrista, en tanto, afirman que la Policía Metropolitana está dispuesta a cumplir el pedido de desalojo, pero no cuenta con los recursos necesarios y espera que el gobierno nacional cumpla con la ley. (Infobae)
