La causa dio lugar semanas atrás a la realización de 15 allanamientos en propiedades ligadas al Grupo Alé, alguno de cuyos integrantes habían sido acusados en el juicio por el secuestro y desaparición de la joven Marita Verón.
El pedido de la UIF de intervenir en el caso se fundó en la facultad otorgada por la última reforma de la Ley de Lavado de Activos (Nº 25.246).
La decisión del juez Poviña habilita a la Unidad a acompañar la investigación, ya sea tomando vista de las actuaciones, solicitando medias preventivas y de prueba, o apelando toda decisión que no considere adecuada para el desarrollo de la causa.
El rol de querellante que asume la UIF en los procesos criminales se apoya en los intereses de carácter difuso que se encuentran en juego, agrega el comunicado.
Esta actuación, añade el organismo, redunda "en beneficio del Estado, así como de cualquier otro afectado que pueda verse involucrado en el proceso".
Los allanamientos en Tucumán fueron ordenados a pedido del fiscal Carlos Gonella, titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), creada por orden de la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó.
Fuente: Télam
