Pernasetti opinó que "en la medida en que la ley exige que para que la provincia pueda tomar créditos, endeudarse, autorizaciones al gobierno central, lo peor es que crea una dependencia total del conjunto de las provincias con la Nación. Se pierde la autonomía. Esta ley es inconstitucional, porque no le permite a las provincias usar ni siquiera sus propios recursos adecuadamente".
Aclaró que a corto plazo, no afectará las finanzas de la Provincia, pero sí lo hará en el 2005, período en el que la Provincia deberá enfrentar un cuello de botella financiero con el vencimiento de obligaciones de los planes de financiamiento.
Adelantó que a partir de esta ley, las provincias deberán decidir porque "van a tener que resolver la adhesión o no a la ley".
Más críticas
Por su parte, la diputada nacional del Frente Cívico y Social de Catamarca, Lucía Garín de Tula, advirtió hoy que con la aprobación de la ley de Responsabilidad Fiscal se pone "fin al sistema de gobierno federal y se instaura el sistema unitario", debido a que permite a la Nación tener el "control total de las economías provinciales".
Para la legisladora, quien forma parte de la alianza oficialista que hegemoniza el radicalismo catamarqueño, el nuevo instrumento legal va a generar un "juego perverso y extorsiones que van a ser propios de las constantes negociaciones, porque cada paso que quieran dar las provincias va a tener que pedir la autorización a la Nación".
En declaraciones formuladas a la prensa local, Garín de Tula, dijo que la nueva ley "pone en manos de la Nación los presupuestos provinciales", y alertó que también es "congelar la pobreza", porque los distritos no van a poder aumentar salarios.
"No vamos a poder crear escuelas porque no vamos a poder designar nuevos docentes", dijo la legisladora, quien aseguró que la norma representa una "cadena de ajustes desde Nación a provincias y (desde las) provincias a (los)municipios".