En ese sentido, detalló que "hay un área específica sobre estragos económicos y bancarios", que es el equipo que está apoyando al fiscal federal 1, Enrique Senestrari, quien lleva adelante la investigación de la causa.
"Estos no son casos que se dan todos los días, son investigaciones complejas y este es un caso paradigmático de la apología de la impunidad, en donde detrás de la pantalla de la legalidad hay todo un entramado de ilegalidad. Es un gran desafío porque para eso existe la Procuraduría de Criminalidad Económica, para apoyar a los fiscales en estos casos de delitos complejos", resaltó.
En ese contexto, destacó que en un año de trabajo el organismo intervino bastante en temas de delitos económicos que "antes no se les daba prioridad. Hemos desmontados cuevas y hemos secuestrado millones de pesos en grandes casos de lavado de dinero y eso son los grandes desafíos de esta estructura especializada".
En declaraciones formuladas esta mañana a la emisora radial de los Servicios de Radio y Televisión (SRT) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Gonella sostuvo que "la investigación patrimonial, la trazabilidad del dinero, su origen y su destino, son elementos esenciales" en la pesquisa.
Esto porque "es lo que nos apunta elementos de pruebas para las responsabilidades sobre un delito que tiene un gran impacto socioeconómico", explicó.
Asimismo, dijo que si la entidad financiera pudo funcionar seis años sin la autorización del Banco Central de la República Argentina, es porque "mediante maniobras sofisticadas pudo escapar a los controles".
A partir de la aparición sin vida de Sua en su camioneta, supuestamente por inhalación de monóxido de carbono, la financiera cerró sus puertas y perjudicó a un importante número de ahorristas que no pudieron recuperar su dinero.
Mientras tanto, el titular de la compañía, Eduardo Rodrigo, decidió esconderse junto con su familia argumentando que teme por su vida.
En la investigación preliminar que lleva adelante el fiscal Senestrari se pudo determinar que la financiera "no tenía autorización del Banco Central", y que las pruebas hasta el momento recolectadas establecen que la entidad funcionaba como "una cueva de dinero ilegal", respaldándose en una carta que había dejado Suau para ser entregada a la Justicia Federal por si le pasaba algo.
El abogado Carlos Nayi, quien representa a un grupo de ahorristas damnificados, manifestó a los medios locales que la entidad financiera involucra a "personas del ámbito político y empresarial".
Nayi mencionó entre los presuntos involucrados a Oscar González, actual legislador provincial del ´delasotismo´ y ex jefe de Gabinete del gobernador José Manuel de la Sota; al actual titular del Banco de Córdoba (Bancor), Fabián Maidana, y al ex vicegobernador Héctor ´Pichi´ Campana, quien es actualmente concejal capitalino por el ´delasotismo´.
Fuente: Télam
