Bergés trabó embargo por 120 mil pesos sobre los bienes de cada uno de ellos, al encontrarlos responsables de haber incumplido una orden emanada de un magistrado que dispuso que se devolviera a dos ahorristas parte de los fondos retenidos en el "corralito".
La desobediencia judicial está reprimida en el Código con una pena que va de quince días a un año de prisión y por la tanto ambos banqueros no quedarán detenidos.