La controversia con el Gobierno surgió por un decreto donde se establece que el nuevo interventor de la empresa reestatizada solo tendrá potestad para realizar tareas de mantenimiento y no la explotación carbonífera del yacimiento.
El conflicto en la mina se desató cuando el Estado se vio obligado a rescindir la concesión de la firma YCRT SA que había sido adjudicada el 17 de junio de 1994, y a encarar una serie de negociaciones para asumir junto a la provincia la administración de la empresa. (Télam)
