Durante los procedimientos se rescataron seis personas y otras cinco fueron detenidas y se ordenó la clausura de los lugares.
Las víctimas relataron que habían sido trasladadas desde Mendoza y Bolivia sin conocer cuánto se les pagaría por el trabajo, que aún no habían cobrado ningún salario, que vivían hacinados y sin medidas de seguridad e higiene.
Por otro lado, en algunos de los talleres se constató la presencia de otros 22 trabajadores, muchos de ellos en situación migratoria irregular.
La causa judicial se inició en octubre pasado, cuando una adolescente de 16 años se escapó de un taller ilegal, realizó la denuncia y contó que una mujer, que ahora está imputada, la trajo desde Bolivia mediante engaños, prometiendo a cambio un trabajo bien remunerado.
Tres días duró el viaje desde el país vecino hasta la Ciudad de Buenos Aires, contó la joven, quien fue obligada a vivir en el taller donde trabajaba desde las 6 hasta las 22, de lunes a sábado.
Además, relató que era víctima de maltrato físico, psicológico y hostigamiento sexual.
Una investigación conjunta de la Fiscalía a cargo de Iglesias y del Departamento Investigaciones de Trata de Personas de la Prefectura Naval Argentina, posibilitó que se individualizaran los talleres y a los responsables.
La Fiscalía solicitó el registro de los inmuebles y la detención de las personas vinculadas a la organización, medida ordenada por el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº5, Norberto Oyarbide.
Fuente: Télam
