Éramos conscientes, como lo dijo el presidente de la CEA en su ponencia en la Bicameral, que no es tarea propia de la Iglesia elaborar leyes pero sí contribuir con su aporte: “Elaborar leyes para la sociedad es función del Estado, no de la Iglesia. Pero ella tiene la obligación de colaborar con la sociedad, esta certeza es lo que da razón a mi presencia en este marco de reflexión y de diálogo, en la búsqueda de aquellos principios morales objetivos que son el fundamento de toda obra legislativa, y que son “accesibles a la razón, prescindiendo del contenido de la revelación” (Benedicto XVI). La fe no se opone a la razón, concluía.
Con esta actitud de respeto y de colaboración hemos actuado y nos hemos manifestado públicamente ante toda la sociedad. De los aportes presentados valoramos que se hayan tenido en cuenta –entre otros- los referidos a la maternidad subrogada o “alquiler de vientres”; el deber de convivencia en el matrimonio; el reconocimiento de las iglesias y comunidades religiosas. También, el que se haya mantenido el reconocimiento del comienzo de la existencia de la persona desde la concepción.
Pero no podemos dejar de mencionar y de lamentar, sin embargo, el tratamiento dado a otros temas de gran relevancia que habíamos presentado. Nos referimos entre ellos al desigual tratamiento de los derechos de los niños según como hayan sido concebidos; al debilitamiento de la institución matrimonial; el desconocimiento del derecho de los niños a un padre y una madre; a la regulación de las técnicas de fecundación artificial.
Como Iglesia seguiremos dando testimonio de nuestro compromiso con la promoción de la dignidad de toda persona y con el bien común de la Patria que encomendamos a María, nuestra Madre de Luján.
