Desde 2008, el aporte era exigido a todos los empleadores del convenio colectivo mercantil —el más grande del país, con 1,2 millones de trabajadores— incluso si el empleado no recibía capacitación alguna. Empresarios denuncian que durante 17 años financiaron un sistema sin control ni transparencia, impulsado por las mismas entidades gremiales que firmaban las paritarias.
En marzo de este año, la cuota ascendió a $4.725,02 por empleado, lo que significaba más de $5.600 millones mensuales y $70.000 millones anuales recaudados sin rendición pública. “Pagamos por una mesa donde nunca estuvimos sentados”, expresaron referentes del sector.
Aunque desde INACAP publicaron un aviso que insta a seguir pagando el aporte, la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) advierte que dicha comunicación es engañosa. El decreto es claro: toda contribución económica en beneficio de cámaras empresarias será voluntaria y podrá revocarse en cualquier momento con una notificación formal.
Desde CADAM consideran que esta eliminación constituye un paso importante en la reducción de los llamados “costos ocultos” del sector y un alivio significativo para los empleadores del comercio.
