A este respecto, Casse explicó que “en ese momento no estaban dadas las condiciones de seguridad para el ingreso, dado que la finca estaba tomada por trece personas del plantel transitorio e individuos extraños a las empresas en actitud beligerante, circunstancia que motivó la necesidad de acordar licencia al personal permanente, en resguardo de nuestra propia seguridad e integridad física. A raíz de todo esto, el día 15 de julio formulamos formal denuncia penal en la Fiscalía Nro. 2 de esta ciudad, en la que solicitamos las condiciones de seguridad necesarias, dado que asimismo existía sobre la finca amenaza de incendio”.
En cuanto al reclamo salarial, el empresario dijo a las autoridades que “el 5 de agosto pasado se llegó a un acuerdo con el personal y los contratistas, a los que se les abonó en efectivo el 50% de lo adeudado, sin ningún tipo de descuento y en efectivo, se reconoció la totalidad de las liquidaciones adeudadas, que se pactó la cancelación de la última liquidación en tres cuotas, y que ya se realizaron anticipos que serán debidamente acreditados”.
Por su parte, las autoridades de la Dirección de Fiscalización dependiente de la subsecretaría hicieron conocer al compareciente los alcances del artículo 6º del decreto 264/09 -que establece el Régimen de Infracciones-, en el cual “prima facie” se encontrarían incursas ambas empresas, por lo que se les otorgó un plazo de cinco días hábiles para acreditar las circunstancias expuestas.
