Por esta razón, y al conocerse la falta de autorización, desde la dirección de Inspección General se procedió a la notificación del caso para evitar más avances de la obra de instalación.
“La normativa provincial y municipal es muy clara con respecto a la zona protegida del Pueblo Perdido. Se detuvieron los trabajos de construcción poco después de conocida la situación y ahora se procederá a fiscalizar el retiro de todos los elementos extraños a la reserva”, aseguró el secretario Emilio Ramaci.
El funcionario enfatizó que toda construcción en cualquier parte de la ciudad debe ser fiscalizada por el municipio para detectar posibles irregularidades, como el caso de la antena en el predio de reserva. “Este procedimiento es el que nos permite analizar si una construcción es viable desde el punto de vista legal o técnico, más en el caso de espacios que están plenamente protegidos por ley”, aseguró Ramaci.
