La acción penal, promovida por quienes se presentaron como damnificados por "el brutal operativo", incluyó a la secretaria de Desarrollo Social, Gabriela González Gass, y al escribano del gobierno de la ciudad, Carlos Gaitán, y a varios comisarios de la Policía Federal.
En la denuncia ante la jueza federal María Servini de Cubría se señaló que la desocupación compulsiva del inmueble de San Juan y Defensa se realizó "con absoluto desprecio de la vida y la salud de los habitantes" del ex PADELAI. (Télam)
