Guaraz sostuvo en diálogo con Télam que "el gobierno de (Mauricio) Macri utiliza a la Justicia Contravencional para apoderarse de los bienes" de los manteros y como "una herramienta de persecución contra trabajadores organizados".
El dirigente destacó que el pasado 11 de diciembre la jueza penal contravencional María Fernanda Botana ordenó una serie de allanamientos en establecimientos del barrio de Caballito, en donde manteros guardan su mercadería, en los que se especificó que en caso de encontrarlos en el lugar, se identificara y requisara a Guaraz, Ada Pérez y Julio Pereyra por considerarlos organizadores.
El gobierno porteño "busca la destrucción de un movimiento de trabajadores y la persecución de sus líderes", subrayó Guaraz, y comentó que la agrupación evalúa "las acciones judiciales a encarar".
"La imputación es una clara persecución de dirigentes con el garrote penal en la más absoluta impunidad del gobierno y la justicia de la Ciudad", consideró la agrupación.
Desde ese espacio han denunciado una serie de "operativos violentos" a cargo de "patotas que no se acreditan como funcionarios públicos ni con ninguna credencial", y que tras desalojar a los trabajadores, secuestran su mercadería.
Fuente: Télam
