“El texto de la nota en cuestión hace que, cualquier entidad aseguradora deslinde responsabilidades ante un caso de accidente ocurrido con un vehículo cuya oblea corresponda a las sustraídas, generando un grave perjuicio económico al expendedor a quien nada se le puede imputar respecto de la sustracción ocurrida”, prosigue el memorándum.
La agrupación empresaria rechaza “terminantemente el tenor de la nota recibida”, a la vez que requiere al ENARGAS que arbitre los medios necesarios para dejar sin efecto en forma inmediata la obligatoriedad del impracticable control que han puesto en cabeza de los expendedores, debiendo ser el propio organismo “quien envíe a sus inspectores a controlar y detectar las obleas en cuestión”, apuntaron.
“Así también, debe ser el propio ENARGAS quien disponga el reemplazo de todas las obleas por unas nuevas que se distingan de las anteriores a simple vista, lo que permitirá generar un marco de confianza y un rápido control, hoy inexistente”, concluye el informe.
Conforme lo establecido por la Ley Nº 24.076 creadora del ENARGAS, y el Decreto Nº 571/07, por el cual fue intervenido el ENARGAS, es que resulta obligación ineludible de los funcionarios públicos que desempeñan en el mismo, adoptar las medidas correctivas y sancionatorias necesarias para neutralizar la irregular conducta en que incurren Talleres de Montaje (TdM), Productores de Equipo Completo (PEC), Estaciones para Carga de GNC (EC) y sus respectivos Representantes Técnicos (RT).
Desde hace mas de diez años los funcionarios públicos del ENARGAS vienen permitiendo irregularidades e ilícitos en el Sistema de GNC de nuestro país y formalmente las Cámaras representativas de los actores del Sistema de GNC les han peticionado la adopción de medidas correctivas y sancionatorias pertinentes, en aras de dar cumplimiento con las obligaciones a cargo del Organismo de Control legalmente responsable de controlar la actividad generada por el uso del GNC y de tutelar la SEGURIDAD PÚBLICA.
Sin embargo, la realidad muestra a las claras el evidente accionar omisivo del ENARGAS, que pone en peligro y lesiona bienes jurídicos legalmente tutelados como la SEGURIDAD PÚBLICA.
