El "nuevo" espacio ocupado se encuentra en un predio de viviendas sociales, a casi 15 cuadras del lugar donde la semana pasada se comenzó a levantar un asentamiento. Las personas que habían montado las carpas dicen que son familiares de los vecinos del barrio y exigen una respuesta habitacional por parte del gobierno porteño.
"No hace falta una orden judicial", explicó el fiscal
Apenas minutos después de que se produjera el desalojo, el fiscal a cargo de la nueva toma, Gustavo Galante, explicó que la Policía Metropolitana tenía "facultades para hacer" el procedimiento sin necesidad de una orden judicial. "Los códigos procesales lo autorizan en este caso. No hace falta una orden judicial ni de allanamiento, tienen facultades para hacerlo porque el acceso al predio (del gobierno porteño) estaba franqueado", argumentó, en diálogo con el programa "Guetap" que se emite por radio Vorterix.
En medio del operativo policial, parte de las personas que ocupaban el terreno golpearon a una mujer que identificaron como Cristina. Dicen que es una funcionaria del Instituto de la Vivienda que les había prometido viviendas en ese sector. Otros vecinos apuntaron a Daniel Fernández, un puntero que pidió $5.000 a cambio de un lugar en el predio. Dicen que el precio implica un ulterior acuerdo con el gobierno de la Ciudad para dejar la toma y entrar en un censo para la adjudicación de viviendas sociales.
"Vos venís y te comprás una casita, ellos vienen después, te meten en un censo, y te dan un lugar en las nuevas viviendas que van a construir; el censo te lo venden como si vivieras allí desde 2007 y accedés a una casa", explicó la delegada Johana Pintos en diálogo con radio La Red.
"Fernández nos cobró $5 mil para ponerte en una lista, después te censan y te dan un dúplex. Ahora nos cobraron y nos dejaron sin nada", declaró Nadia, otra de las mujeres que participaron de la ocupación del predio y agredieron a Cristina, la supuesta funcionaria del IVC.
El fiscal Galante informó que antes de avanzar con el operativo se había invitado a los ocupas a iniciar una ronda de negociaciones para conocer sus pretensiones y en qué estado se encontraban sus probables reclamos. "Se negaron sistemáticamente y quedó habilitada la Policía Metropolitana, que de una manera muy profesional y efectiva pudo restablecer el orden en el lugar", declaró.
La toma de estas tierras extiende el proceso iniciado hace una semana, cuando comenzó el arribo de familias a un predio del sur de la Ciudad, en Fernández de la Cruz y Pola. Allí ya no hay lugares libres y se esfuma la posibilidad de un desalojo.
El juez de la causa, Gabriel Vega, explicó que están esperando una definición de la Cámara sobre el pedido de desalojo dictado el viernes pasado. Una vez que se pronuncie el tribunal de alzada, la Metropolitana quedaría en condiciones de liberar el predio. No obstante, el magistrado admitió que a medida que pasan los días y se concentra más gente en el terreno, la liberación del espacio se torna improbable.
FUENTE: infobae.com
