González Gass advirtió la inobservancia y el total incumplimiento de la Ley en cuestión, la falta de dispositivos alternativos, la avanzada inmobiliaria sobre los terrenos del Borda y la política privatista en materia de adicciones.
También denunció el desmantelamiento del Programa de Acción Comunitaria para niños, niñas y adolescentes con trastornos severos (PAC) con el desplazamiento de sus coordinadoras.
Por su parte María Elena Naddeo señaló que el estado de la salud mental en la ciudad "presenta un profundo retroceso, ya que el gobierno de Mauricio Macri ha colocado a la salud pública y a la salud mental en un lugar secundario".
"Sin energía ni recursos suficientes para generar los nuevos programas de atención domiciliaria ni los servicios de atención en los hospitales, no se cumple con la ley de Salud Mental", precisó.
García Tuñón remarcó que "existe un clima persecutorio sobre los directores de aquellos hospitales que impulsan el cumplimiento de la Ley".
Manifestó la necesidad de "impulsar acciones de externación por vía del trabajo como ocurre en otros países donde existen planes de salud mental que articulan estos recursos".
Asimismo la legisladora Sánchez Andía subrayó la importancia de la sistematización de la información producida a través de estos informes, lo que constituye un rol clave del trabajo legislativo.-
Fuente: Télam
