Tras ser detenidas en la fiscalía, el abogado de la organización barrial, Luis Paz, presentó un pedido de cese de detención solicitando la libertad de Guerrerp y Jaldín por considerar que “no había pruebas suficientes para que las acusadas quedaran privadas de su libertad”.
Paz señaló: “lo correcto era citarlas e iniciar la investigación, pero la orden de detención fue excesiva, sobre todo porque permanentemente estuvieron a disposición de la justicia".
La jueza señaló en su resolución que "no se advierte que existan vehementes indicios de que las mismas -por Jaldín y Guerrero- tratarán de eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación".
Según indicó el abogado, la jueza “compartió el criterio de la presentación de la defensa que planteó no hay elementos para creer que las acusadas eludirían el accionar de la justicia en tanto están dispuestas a colaborar con el proceso”.
