Las actuaciones judiciales datan del 10 de octubre de 2007, cuando el entonces ombudsman de la Nación, Eduardo Mondino, presentó un hábeas corpus a favor de las personas que estaban detenidas en el penal emplazado en calle Belgrano 1.300, a pocas cuadras del microcentro de esta capital.
Al fundamentar el recurso, el Defensor del Pueblo aseguró haber constatado el deplorable estado del establecimiento, donde los detenidos estaban "hacinados, en condiciones degradantes e indignas, en lugares no aptos para su alojamiento debido al estado edilicio, a la total falta de equipamiento y en condiciones de riesgo para su salud".
El Tribunal Superior, al rechazar la apelación interpuesta por el Gobierno y confirmar la decisión de la Cámara de Acusación, emplazó al Ejecutivo para que en marzo de 2010, esa antigua cárcel sea "definitivamente inhabilitada para ser utilizada como lugar de alojamiento, detención o contención de personas privadas policial o judicialmente de su libertad".
En el recurso interpuesto oportunamente, el Gobierno sostuvo que los pabellones de ese penal fueron "remodelados" para alojar personas privadas de su libertad, calculando además que construir un nuevo establecimiento en las inmediaciones del moderno complejo carcelario ubicado en la vecina localidad de Bouwer, "tardaría aproximadamente un año y medio".
Sin embargo, el alto tribunal hizo suyo un criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, al definir un recurso similar, manifestó que las dolorosas comprobaciones vinculadas a la vulneración de la libertad aumbulatoria "no encuentran justificativo en las dificultades presupuestarias".
Fuente/ 26noticias.com.ar
