Según el acta suscripto, la Secretaría de Hábitat e Inclusión por intermedio de Rosario Pirán presentó protocolo de emergencias, que en lo que se refiere a llamados al SAME, Defensa Civil, Bomberos, Policía Metropolitana y otros organismos, debe estar en funcionamiento en diez días.
"Se refiere a que los llamados serán atendidos y resueltos, porque hasta ahora, cualquier vecino que llamaba a estos organismos le decían ´al San Martín no podemos entrar´, por lo que esto es un gran logro", dijo Konfino.
En la reunión, realizada el miércoles pasado, hubo también un compromiso de los funcionarios a estudiar la demanda de camiones atmosféricos y contenedores de basura, sobre lo cual se presentará un protocolo en la próxima audiencia del 15 de mayo.
A su vez, Espacio Público enviará a un ingeniero para analizar los pasos a seguir en el alumbrado público y cambio de cables.
Fue la segunda "reunión de trabajo" promovida por la jueza Liberatori tras hacer lugar a una medida cautelar solicitada por vecinos y la agrupación "Los invisibles" con el patrocinio de Cecilia González de los Santos, Defensora 4 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires.
La jueza ordenó al gobierno porteño "llevar adelante las acciones necesarias tendientes a la sustancial mejora de las condiciones de habitabilidad del asentamiento vulnerable denominado San Martín", anexo a la Villa 31.
Los vecinos habían solicitado la realización de un censo oficial y la incorporación del barrio al esquema de asentamientos informales de la Ciudad de manera que el Estado provea los servicios públicos ordinarios y de emergencia.
Se requirió un plan de alumbrado público y el recambio de postes metálicos, volquetes para residuos; agua potable a través de camiones cisterna hasta que se realicen las obras sanitarias necesarias para la conexión a la red y la instalación de redes cloacales y pluviales.
Fuente: Télam
