La iniciativa pertenece al presidente de Concejo Deliberante, Simón Hernández y pretende “la sanción de una norma con contenido humanitario y solidario”, que incida en la “convivencia de nuestra comunidad municipal, brindando respeto a las personas que son objeto delos beneficios de esta regulación”, por parte de quienes tienen la función de atender al público.
Otro de los fundamentos, indica que “es sabido que la atención al público en dependencias del ámbito estatal como privado genera, en reiteradas ocasiones, aglomeración y largas colas de aquellos que concurren a realizar trámites. Entre ellos, es frecuente observar a mujeres en estado de gravidez o a personas que por su discapacidad física, con patologías, problemas de equilibrio o por su edad avanzada, presentan dificultades” para tolerar largos tiempos de espera en diversos lugares.
Y se agrega: “la mujer embarazada experimenta una serie de transformaciones fisiológicas y orgánicas; así también personas que sufren dolencias o capacidades diferentes de distinta naturaleza”. Asimismo, para aquellas personas, “soportar largas esperas, puede poner en riesgo su salud“.
Cabe destacar, que el presente dispositivo tiene antecedentes en la legislación provincial, a lo cuál se puede citar la Ley 5.118, sancionada y promulgada durante 2004, que determina la obligatoriedad de otorgar prioridad y atención preferencial a mujeres embarazadas que realicen trámites en oficinas públicas.
