Así se lee en el libro “Centros de procesamiento ilícito de estupefacientes en Argentina”, que SEDRONAR dio a conocer, publicación que indaga de manera exploratoria cómo son las “cocinas” locales en las que se producen y fabrican drogas ilícitas. El estudio comienza con una distinción entre “producción” y “fabricación” de estupefacientes.
Mientras que lo primero significa el cultivo y procesamiento de materias primas (como por ejemplo, la hoja de coca y la producción de pasta base), la “fabricación” apunta a aquellos establecimientos en los que se encuentran precursores químicos para procesar esa pasta base ya elaborada.
Entre sus conclusiones más importantes, surge que Buenos Aires es la provincia argentina con más establecimientos clandestinos de producción y adulteración de estupefacientes, seguida de Córdoba y Capital Federal. En tanto, Tucumán ocupa el cuarto lugar.
Para este informe, el SEDRONAR solicitó a los juzgados federales de las principales provincias del país los casos judiciales sobre “cocinas” detectados entre 2000 y 2006, porque se trata de causas ya archivadas. Según el estudio, fueron realizados pedidos formales de información a 49 juzgados federales de Capital Federal y de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Salta y Jujuy, a partir de una estadística previa de la Base de Datos Estadísticos sobre Procedimientos por Infracción a la Ley 23.737.
Los 42 juzgados federales que respondieron comunicaron la existencia de 59 causas vinculadas con procesos de producción y fabricación ilícitos de estupefacientes. De esos casos, sólo se accedió a 44 expedientes. Al analizarlos, surgió la existencia comprobada de 43 centros de procesamiento ilícito de estupefacientes, de los que sólo uno refiere a las drogas de síntesis, mientras que el resto se vincula con el procesamiento de cocaína. Treinta se dedicaban a adulteración/fraccionamiento de estupefacientes, mientras que 14 se relacionaban con su fabricación.
El estudio del SEDRONAR advierte que el sistema de relevamiento de causas judiciales que se llevó a cabo no permite formular generalizaciones aplicables al universo de causas judiciales vinculadas con la producción y fabricación de estupefacientes en el país. No obstante, los datos estadísticos disponibles sí habilitan “a afirmar que la información analizada se constituye en un referente empírico sumamente válido a la hora de aportar claridad sobre el problema”. (Diario El Siglo).
