Al respecto, la funcionaria expresó que se produjo un acuerdo (también tomó parte el secretario de Obras y Servicios Públicos, Roberto Salazar) con los involucrados que implica "un plazo de 60 días, que caduca a fines de abril, para que el IPV realice la visita social e inscripción a seis familias que han ocupado ilegalmente las viviendas y que estas familias las desocupen para que se incorporen casos críticos que ya estaban inscriptos con anterioridad".
Maldonado recordó que todo se suscitó ante "un reclamo puntual de un grupo de personas con problema de viviendas, donde el IPV puso a disposición un terreno de su propiedad, de 2 hectáreas, para construir 33 viviendas". Y añadió: "la gente ocupó las viviendas antes que la obra haya sido entregada por la empresa".
En tal sentido, la titular del IPV sostuvo que "atendiendo esa situación social se verificó que varios de estas familias estaban inscriptos dentro de los 127 postulantes que tenía ese barrio" y por ese motivo, "van a ser consideradas para una próxima construcción de viviendas".
