Cumplida la primera parte de la depuración de las casi 100.000 normas preexistentes, incluyendo leyes, decretos, resoluciones y circulares de los poderes Ejecutivo y Legislativo, los especialistas ya han detectado la caducidad de la enorme mayoría, al punto de que, de casi 27.000 leyes, sólo están en vigor unas 4.000, las que debieran reducirse a menos de 2.000 cuando se avance hacia la redacción de textos unificatorios.
La ley, inspirada por el ex ministro de Obras Públicas Roberto Dromi e impulsada por el ex ministro de Justicia Rodolfo Barra, fue instrumentada por el último funcionario que estuvo al frente de esa cartera en la administración de Carlos Menem, Raúl Granillo Ocampo, quien adjudicó la licitación para llevar adelante la tarea a la Facultad de Derecho (FD) de la UBA.
El trabajo, para el que originalmente se dispuso una partida presupuestaria cercana a los diez millones de dólares estadounidenses -hoy reducida a mucho menos como consecuencia de la devaluación y las renegociaciones- es parangonable a nivel local a los códigos del emperador bizantino Justiniano y fue calificado por Menem, al firmar el contrato con la Facultad de Derecho, como "la obra más importante de mis diez años de gobierno". (Télam).
