Entre los días 5 y 6 del corriente se desarrolló en Puerto Madryn (Chubut) la XXVIII Asamblea Ordinaria del Consejo Nacional de la Vivienda, donde participaron las más altas autoridades de cada provincia del sector vivienda, con el objeto de mejorar los resultados y apuntar a una mayor optimización de la inversiones que se efectúan en el área vivienda.
El IPV catamarqueño estuvo representado por su titular, Patricia Maldonado, y la arquitecta María Cristina Pérez, a cargo de la Dirección de Investigaciones y Proyectos. Participaron representantes de las provincias de Córdoba, Mendoza, Santa Cruz, Chaco, Tucumán, Buenos Aires, Neuquén, San Juan, La Rioja, Jujuy, Río Negro, entre otros.
En la oportunidad y teniendo en cuenta la situación socioeconómica imperante en el país, y sus repercusiones en el sistema federal de vivienda que se traducen en la reducción considerable de las remesas de fondos a cada uno de los organismos jurisdiccionales producto de la caída en el consumo de nafta, la migración de vehículos a nafta a GNC y el mantenimiento de un monto fijo del ITC, que no acompaña el incremento experimentado en el precio final de los combustibles; la eliminación de la garantía de transferencia que otorgaba la ley Nº 24464, perdiendo la previsibilidad presupuestaria imprescindible para la ejecución de obras de viviendas, infraestructura y equipamiento.
También se debe tener en cuenta la liberación de la totalidad de los fondos de aplicación específica, la inflación del corriente año que ha elevado los costos de construcción, el importante incremento de la demanda producto de la ausencia de crédito hipotecario destinado a vivienda única, deterioro salarial y aumento de la desocupación y desaparición de los programas sociales de asistencia a familias sin capacidad de pago y/o recursos.
Ante lo descripto, el Consejo nacional de la Vivienda afirma que el Sistema Federal de Vivienda es una herramienta válida e imprescindible para generar repuesta a la crisis habitacional instalada, que ha demostrado capacidad de gestión y ejecución para brindar aproximadamente 900.000 viviendas en todo el país. Además, ha mejorado la calidad de vida de millones de familias adicionalmente, a través de obras de infraestructura de aguas, cloacas, redes y plantas de tratamiento, energía eléctrica, redes de agua, aperturas de calles, escuelas, hospitales, dispensarios, jardines maternales, asilos, etc.
La descentralización del sistema FONAVI permitió llegar con soluciones adecuadas a las realidades socioeconómicas y culturales de cada lugar.
Para satisfacer la demanda de la sociedad que el país requiere y merece, es necesario definir e impulsar una clara política de vivienda, que sea sustentable en el tiempo y que abarque a todos los sectores sociales.
En consecuencia, se considera positivo a la porcentualización del ITC, el plan de reactivación de obras financiadas con fondos FONAVI y la incorporación de fondos nacionales adicionales, la toma de estado público de las dificultades que atraviesa el sector y la preocupación de la sociedad que esto implica, por el deterioro creciente del sistema, y el dictado de la Resolución 670/02 del Ministerio de Economía de la Nación para la construcción de viviendas nuevas permitiendo la utilización de rescate anticipado de bonos para financiar conjuntos habitacionales de viviendas sociales.
Declaración
Ante este panorama, el Consejo Nacional de la Vivienda declara la necesidad de participar activamente en la formulación de una política de estado, no expuesta a intereses corporativos para el sector habitacional que sea sustentable en el tiempo en la asignación creciente, previsible y específica de recursos que aseguren no solo su instrumentación en todo el país, sino también que otorgue seguridad a miles de hogares que hoy viven la desprotección social más absoluta y haciendo el derecho constitucional de acceso a su vivienda digna.
Por ello, el Consejo ha focalizado su acción en el recupero, la regularización dominial, otorgando, de esta manera, seguridad jurídica a los beneficiarios del sistema.
