Explicó que "se trata de atribuciones y deberes que originariamente corresponden al Estado y cuyo ejercicio se delega en ese tipo de entidades. Se trata de personas jurídicas de derecho público no estatal, para un mejor control y fiscalización de la actividad profesional".
Señaló que se encuentran involucrados, en esta clase de iniciativas, "no sólo los intereses profesionales de quienes han obtenido el correspondiente título o grado académico, y el consecuente derecho constitucional de ejercer una actividad lícita, sino también el interés general de la comunidad que eventualmente será la demandante o destinataria de tales servicios".
