"El accidente de la mina San José hace un año marcó un hito en la seguridad de la minería. Si el gobierno hubiera aprobado antes del accidente el convenio de la OIT de seguridad minera, no hubiera ocurrido lo que ocurrió", dijo a Télam, Miguel Barraza, presidente de la Federación Minera de Chile (FMC), en comunicación telefónica desde Antofagasta.
El dirigente, que lidera la más grande federación de trabajadores de Chile -con 22 sindicatos y más de 12.500 afiliados, empleados por empresas mineras privadas- estimó que "los mismos mineros, que habían hecho innumerables denuncias a la empresa, habrían tenido las herramientas legales para frenar las tareas y evitar el derrumbe".
Los distintos sectores coinciden en que después del rescate de los mineros, el 13 de octubre de 2010, las muertes en la minería, la actividad más lucrativa de Chile, cayeron un 70 por ciento, difundió la agencia de noticias DPA Sin embargo, ese índice no "ahogó el descontento" y Piñera pasó de la victoria que le reportó el rescate de los mineros atrapados bajo el desierto de Atacama a una crisis social que lo obligó a realizar dos cambios de gabinete.
Además, durante este año, hubo cientos de manifestaciones de mineros, ambientalistas, estudiantes, y profesores, que salieron a expresar su descontento social y político.
Mientras el gobierno prepara la celebración del aniversario del derrumbe y los mineros convocaron "a todos los chilenos" a recordar ese momento, especialmente a los que rezaron y estuvieron durante el dramático rescate, los otros 261 mineros del yacimiento San José recién esta semana supieron que recibirán su pago, por el cierre de la mina.
"Hoy mismo hay una mina, la Escondida, en la II sección, en Antofagasta, que está parada hace 13 días por un conflicto minero´", dijo el dirigente de la FMC.
"Queremos que se apruebe la modificación del reglamento del Decreto Minero", sostuvo Barraza, quien informó que el gobierno creó una comisión de expertos para tratar la modificación de la ley, sin resultados hasta el momento.
No obstante, Barraza sostuvo que "el impacto fue tan grande que a partir del derrumbe de la mina de Copiapó hubo muchas más restricciones en los procedimientos, pero destacó que cambiar las leyes es imprescindible para mejorar la actividad".
Ninguno de los 33 mineros, que cobran una pensión por el accidente de la mina San José, volvió a la actividad, dijo el dirigente, y la mina fue "rematada".
Al menos el 65% de la explotación fue adquirida por un solo empresario chileno, y según trascendió, hay muchos interesados en darle otro tipo de salida lucrativa a la mina, como explotarla como museo.(Telam)
