Uno de los detenidos, Héctor Hugo González, es contratista de "El Curaca SA", firma denunciada por AFIP luego de un operativo de control de trabajo ilegal realizado en un predio rural de la empresa. Allí los agentes de la AFIP detectaron 16 trabajadores no registrados, en pésimas condiciones de higiene y seguridad, que convivían en condiciones infrahumanas con mujeres y menores de 16 años, quienes también realizaban trabajos rurales.
Ante la gravedad de la situación, AFIP se constituyó como parte querellante y solicitó la declaración indagatoria de los directivos de la firma y de González, quienes declararon como imputados por los delitos de "Reducción a la servidumbre"; "Trata de Personas y "Trabajo Infantil", previstos en el Código Penal.
Ante la Justicia, la AFIP solicitó el procesamiento y la prisión preventiva de González.
El Código Penal prevé penas de hasta 15 años de reclusión o prisión para los acusados del delito de "Reducción a la servidumbre"; en tanto que se estipulan penas de 3 a 6 años de prisión por la "Trata de Personas" y de 1 a 4 años para aquellos acusados de violar las normas que prohíben el trabajo infantil.
Los otros tres detenidos, Juan Carlos Gómez Ruiz, Luis Antonio Serrano y Germán González, fueron sorprendidos "in fraganti" por agentes de la AFIP, personal de Fiscalía y Juzgado Federal de Orán cuando explotaban laboralmente a, por lo menos, nueve menores de edad. Los jóvenes no estaban acompañados por sus padres, lo que hace presumir que serían víctimas del delito de trata de personas.
De inmediato, se los detuvo y la AFIP presentó la denuncia correspondiente y solicitó a ampliar la investigación.
Los detenidos se tratarían de contratistas de las firmas Almafuerte S.R.L., y El Portal del Sol SRL, arrendatarias del predio relevado por los agentes de la AFIP, que se dedican a la producción agropecuaria.
