En el texto de fundamentos que acompaña a la iniciativa remarcan“la honda preocupación existente a raíz de los reiterados incumplimientos del gobierno nacional en la transferencia de fondos destinados a los comedores que funcionan en el territorio de la provincia”
De igual manera hacen notar que la alimentación que se provee a los menores en las escuelas públicas“se financia con la obligación asumida por el gobierno nacional a través de lo dispuesto por la ley 24049/92 de transferencia a las provincias de los servicios educativos, previendo en los artículos 14º y 15º del citado texto legal la asignación de un fondo que debía retenerse de las sumas coparticipables en forma previa a la distribución secundaria, con destino al financiamiento de los servicios educativos que se transferían y lo dispuesto por la ley 23767 para los comedores comunitarios, correspondientes al costo de los programas asistenciales”
Se destaca a su vez que“los incumplimientos reiterados”por parte del gobierno nacional“violan el principio de legalidad y la cláusula 6º de la Constitución Nacional y la garantía establecida a favor de las provincias en el artículo 75º inciso 2º, 5º párrafo del mismo texto legal, amenazando indirectamente el derecho a la vida, resguardado constitucionalmente por la ratificación de nuestro país del Pacto de San José de Costa Rica y la Convención sobre los Derechos del Niño”
El proyecto de resolución cita como antecedente el reciente fallo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictara a favor de la provincia de Salta“y que fuera incoado por la mencionada provincia por idénticos incumplimientos”
Destacan que“la gravedad del hecho ha motivado que la provincia viniera paliando esta situación con recursos propios, que a la fecha se agrava aún más si tenemos presente los incumplimientos que el gobierno nacional ha venido observando con las remesas que en concepto de coparticipación federal les corresponde a todas las provincias”
