Polino, quien integra la comisión bicameral que debe aprobar o rechazar la renegociación de los contratos, afirmó que "es inútil que el Gobierno busque la vía del decretazo para satisfacer las presiones de las empresas privatizadas y del FMI", ya que la ley 25.561 de Emergencia Pública es "terminante en ese sentido".
Al respecto, destacó que "la ley condiciona la renegociación de una serie de criterios como el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de ingresos, para luego referirse a la calidad de los servicios, los planes de inversión, el interés de los usuarios y por último la rentabilidad de las empresas".( Télam)
