Las ejecuciones hipotecarias previstas en la Ley de Quiebras fueron suspendidas por el Congreso en medio de la crisis económica generada por el estallido de la convertibilidad, con el fin de evitar que miles de deudores morosos perdieran sus viviendas, sus empresas, o aún sus herramientas de trabajo, en remates judiciales.
El período de congelamiento fue prolongado luego hasta el 14 de noviembre pasado, cuando el FMI se opuso férreamente a prolongar una vez más la veda de los remates judiciales y presionó al gobierno en favor de la plena vigencia de la norma.( Télam)
