El legislador Nacional, que cobra cifras superiores a los 15 mil pesos como miembro de la Cámara Baja de la Nación, expresó que el pedido de litigar sin gastos fue planteado por sus abogados -José Alberto Furque y Ángel Granizo-, quienes le aseguraron que se trata de un recurso legítimo y legal.
"El patrimonio éste es personal mío, no de la empresa Edificios SRL. Yo soy uno de los socios de la empresa", diferenció Pastoriza. "En definitiva, es la empresa la que se perjudicó. No es que yo diga que no tengo recursos, porque sería absurdo: es un beneficio que pide la empresa que ha sido damnificada", subrayó.
No obstante, la causa contra el Banco Nación y el Estado nacional lleva como actor en la carátula a "Pastoriza, Eduardo A. y otra" y no a la empresa Edificios SRL. Se tramita por expediente 271/07 en el Juzgado Federal.
En el planteo de litigar sin gastos, Furque y Granizo actúan en nombre y representación de Pastoriza y Silvia Inés Cano, quienes, a su vez, "actúan a título personal y también lo hacen en representación de la firma Edificios SRL".
Según Pastoriza, su empresa se vio perjudicada porque tuvo que parar de trabajar durante dos años a raíz de que el Banco Nación le incautó en 2001 con el "corralito" el dinero que tenía depositado y que le permitía funcionar. En esa época, señaló, la única actividad que tenía la firma era la construcción de un edificio sobre calle Mota Botello, que debió suspenderse al quedarse sin financiamiento por la medida bancaria. Finalmente le devolvieron la totalidad del dinero, pero la demora le produjo un daño a la empresa del que aún no puede recuperarse.
"Este beneficio no lo pido yo, sino los abogados. Ellos han visto que me asiste el derecho. La empresa pasó muy malos momentos por estar parada dos años. Yo no pude hacer más obras después. Estoy haciendo obras, pero para otra firma. Mi empresa quedó muy resentida por dos años de parate", aseguró Pastoriza, que recordó que en los tiempos del corralito aún no era diputado nacional.
Además, dijo que no se solicita no pagar la tasa de justicia, sino pagar un proporcional. "Se pagó una parte, les di a los abogados un dinero que depositaron", manifestó.
Los fundamentos del pedido de litigar sin gastos califican a la tasa judicial como "exorbitante". Son unos 24 mil pesos, el 3 por ciento del monto de la demanda por daños y perjuicios, que rondaría entonces los 800 mil pesos.
Pastoriza insistió en que la construcción del edificio de calle Mota Botello que se detuvo a raíz del "corralito" era el único trabajo que tenía Edificios SRL y consideró que, una vez que esto quede demostrado, se demostrará también que "es injusto que el mismo Estado que causa el perjuicio ahora quiera cobrar una tasa, no enorme pero sí considerable".
De todos modos, aclaró que la cuestión está en manos del juez federal, que es quien determinará "si corresponde hacer una disminución provisoria de la tasa".
"No tiene nada que ver que yo sea diputado nacional. Antes que diputado nacional soy ciudadano, con todos los derechos que le asisten a un ciudadano. En este caso me asiste el derecho a tratar de resarcir toda esa injusticia que me dejó sin trabajo durante dos años", se defendió Pastoriza.
"No quiere decir que yo pierda el derecho a la justicia. Yo ese dinero lo gané trabajando. Trabajo de las siete de la mañana a las diez de la noche. No me pueden juzgar por una actitud así", añadió.
