El puntapié inicial de este debate fue dado por la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, donde en base a un proyecto del ARI que propiciaba una distribución equitativa de los cargos partidarios entre hombres y mujeres, los legisladores lograron un principio de acuerdo para extender la exigencia del cupo femenino del 30 por ciento a las fuerzas políticas.
La idea de los diputados, entonces, apunta a que una ley obligue a los partidos políticos a modificar sus respectivas cartas orgánicas con el fin de que en todos los órganos de conducción partidaria esté garantizada la presencia de mujeres en al menos el 30 por ciento de los cargos, al igual que ocurre en las bancas legislativas y, a partir de ahora, en los sindicatos. (Télam).-
