El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Judiciales y de Juicio Político de la Cámara de Diputados, Alejandro Da Prá(FCyS), que fue el miembro informante cuando este tema fue tratado en la sesión de ayer, expresó que "es de merituar que esta normativa ha sido de gran importancia y ha significado una profunda transformación en el sistema legal en materia penal, importancia que exige valorar al máximo su puesta en funcionamiento, lo que requiere la mayor prudencia en dicho proceso, para lograr una efectiva administración de justicia".
La Corte de Justicia, al indicar las razones del pedido de prórroga, tuvo en cuenta que el sistema procesal penal de la provincia(ley 5097), "se basa en la actividad que debe desplegar el Agente Fiscal de Instrucción, quien es el único facultado para recabar toda la prueba que sirva de base para la acusación, teniendo en este sentido un rol protagónico fundamental, desplazando al Juez de Instrucción, quien solamente tendrá la función de controlar las formalidades del procedimiento en cuanto a que se cumplan con las garantías del debido proceso", argumentó que "se torna necesario, para que se pueda aplicar correctamente el régimen referido, contar con la designación de la totalidad de los funcionarios encargados de desempeñar dicha función", puntualizando que a raíz de ello "resulta imprescindible prorrogar la entrada en vigencia del nuevo ordenamiento".
Da Prá, explicó que "luego de las consultas correspondientes a la Corte de Justicia, y tras el estudio por parte de la comisión de Labor Parlamentaria, en la que participaron todos los presidentes de bloque, se ha acordado como oportuno y conveniente, establecer como fecha de entrada en vigencia de la ley 5097, el 1º de febrero del 2005, salvaguardando la voluntad de la Corte dándole la facultad de anticipar dicha fecha de entrada en vigencia mediante acordada y su publicación en Boletín Oficial".
