Mediante un decreto supremo publicado en la gaceta oficial se explica que el cese del estado de emergencia -y por añadidura del toque de queda que regía en Arequipa, segunda ciudad del Perú-, se debe a que "se recuperó el orden luego de la suspensión de la subasta y de quedar en manos del Poder Judicial la decisión sobre la legalidad de la venta".
El fallo final de la justicia podría tardar entre tres y cuatro meses, en caso de que se produzcan apelaciones de las partes.
Las protestas en Arequipa (sur) constituyeron la peor crisis sufrida por el gobierno del presidente Alejandro Toledo en los once meses que lleva en el poder y provocaron la renuncia del ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, pieza clave del gabinete, que se opuso a la suspensión de la venta.
El descontento cundió cuando el gobierno vendió Egasa (en Arequipa, a 1.000 km al sur de Lima) y Egesur (en Tacna, a 1.300 km al sur de Lima), a pesar de que durante su campaña electoral de 2001 Toledo se había comprometido a no hacerlo.
Tractebel, filial de la francesas Suez, que en una licitación -en la quedó como único oferente- ganó la administración de Egasa y Egesur, anunció que respetaba la decisión del gobierno y que esperaría el fallo judicial sobre la legalidad de la venta, que fue cuestionada por las autoridades de Arequipa, ciudad de 830 mil habitantes.
Egasa y Egesur son dos medianas empresas que conforman una red de generación que suministra energía eléctrica al sur peruano, por las cuales Tractebel ofreció 167 millones de dólares, un 8% más que el precio base solicitado por las autoridades peruanas.
Al cabo de una semana de protestas, el gobierno suspendió el miércoles la firma del contrato con la empresa belga Tractebel, tras una negociación entre una misión que encabezó el vicepresidente Raúl Diez Canseco y el alcalde de Arequipa, Juan Manuel Guillén.
La represión a la rebelión en Arequipa dejó un saldo de dos muertos, más de un centenar de heridos y cincuenta detenidos.
