La decisión ministerial fue comunicada al responsable legal del colegio, el sacerdote Juan Ríos, por el director de Enseñanza Privada, Guillermo Sáenz.
"No queremos hacer apología de la paternidad temprana, pero entendemos que la escuela tiene que hacerse cargo de este joven", comentó Sáenz al respecto a la prensa.
El funcionario agregó que "una expulsión no hace más que agravar la situación y, además, puede impulsar a los chicos a tomar otras medidas que desde el punto de vista cristiano son infinitamente más deplorables".
El argumento utilizado por el padre Ríos para sancionar al alumno fue el "compromiso" con el colegio que los padres renuevananualmente, y una de cuyas cláusulas advierte que "si durante el año escolar el alumno cambia su condición de vida, la institución se reserva el derecho de admisión".
"Si bien el carácter privado del colegio marca un límite a la acción del ministerio, esto no excluye que podamos emitir juicios y hacer sugerencias concretas, porque, por un lado, es el Estado quien lo autoriza a funcionar y, además, lo financia", amplió el funcionario.
Ante un reclamo de la madre -patrocinada por una abogada-, la dirección del colegio modificó la fecha de la expulsión, fijada en principio para el 31 de julio, hasta fin de año.
La expulsión vulneraría la ley nacional 25.587 que, sancionada el 2 de mayo de 2002,prohíbe expulsar de los colegios a las jóvenes embarazadas, aunque no se refiere concretamente a los varones. (Télam)
