Resaltó que la idea "es colocar en el centro el rol de las corporaciones en la violación de los derechos campesinos y que las mismas se dan en el marco de la ofensiva de las trasnacionales sobre la agricultura en America Latina".
"Por eso solicitamos que la CIDH genere mecanismos para monitorear esa situación y que prepare sugerencias a los Estados y a las instancias regionales para avanzar en el control y regulación de las mismas", añadió.
Respecto del tema semillas, Montón precisó que para el campesinado "las leyes de semillas que se impulsan desde UPOV (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales) violan sistemáticamente los derechos humanos de los campesinos y campesinas. Esperamos se pueda avanzar en jurisprudencia de la CIDH que permita luego acciones desde los países para frenar estos intentos de privatizar las semillas".
En este sentido se puso como ejemplo las experiencias de las leyes de semillas en Chile, Guatemala y Colombia que "fueron nefastas y hubo tal reacción que debieron suspenderlas mientras que en México hay proyectos que directamente criminalizan a los campesinos que no usen semillas certificadas".
"En todo el Cono Sur, incluída Argentina, se están analizando proyectos similares. En el Caribe también", agrega el documento presentado ante los comisionados Rosa Maria Ortiz, Paulo Vanuchi y James Cavallaro en la sede del organismo regional en Washington.
En un comunicado difundido por el CELS se hace hincapié en el trabajo de "promoción, defensa y justiciabilidad del derecho a la alimentación adecuada, así como las denuncias y movilizaciones en torno a los procesos de acaparamiento de tierras y los impactos negativos que tienen las nuevas tendencias de regulación de semillas".
"Para mitigar estos impactos en los derechos humanos, se deben procurar marcos regulatorios a medida de cada realidad y preservar la función de los sistemas tradicionales de semillas de los agricultores", concluye el documento.
El documento lleva la firma de los mencionados CLOC-VC y el CELS más FIAN International, el Colectivo Social por el Derecho Humano a la Alimentación (Guatemala) y el Observatorio Permanente de Derechos Humanos en el Aguán.
Fuente: Télam
