Estas reivindicaciones se incluyeron en una enmienda del informe sobre vivienda social que se aprobó por 318 votos a favor, 269 en contra y 52 abstenciones. La resolución no tiene carácter vinculante aunque supone una señal política dirigida a los gobiernos de la Unión Europea (UE).
La enmienda sólo recibió el apoyo de nueve eurodiputados del Partido Popular Europeo, ninguno de ellos español, y de todos los eurodiputados españoles presentes en la votación, a excepción de los ´populares´ y del representante de Convergència i Unió (CiU) -integrada por Convergència Democràtica de Catalunya, liberal y de centro-derecha, y la Unió Democràtica de Catalunya, democristiana- Salvador Sedó.
"La Comisión Europea -órgano ejecutivo de la UE que se encarga de proponer la legislación- y los Estados miembros, deben "abordar la solución del drama social que plantean los desalojos y la pérdida de la vivienda para los más afectados por la crisis económica y el desempleo". Además, el texto "recuerda que estos se producen en un contexto de grandes ayudas públicas destinadas al saneamiento del sistema financiero europeo".
Por esto, la Eurocámara pide que "la normativa europea sobre hipotecas incorpore prácticas que sean más favorables para los consumidores", según despacho de Europa Press.
Los eurodiputados solicitan además, a los Estados miembros, que garanticen a los ciudadanos el acceso a alquileres a precios moderados y defienden la creación de regímenes financieros específicos para los hogares más vulnerables en relación con los costos de la energía (como tarifación justa de la energía, ayudas específicas o integradas en otras ayudas sociales, prevención del impago de facturas y protección contra los cortes de suministro).
Finalmente, el informe pide a la Comisión Europea que elabore un marco común para fomentar la vivienda social en la UE, con una financiación suficiente procedente del presupuesto de la Unión para el periodo 2014-2020.
Fuente: Télam
