"Hemos logrado, después de una larga lucha, que el Estado se pronuncie. En principio, lo que se prometió es un Decreto, cuyos alcances aún no conocemos porque no fue publicado. Velamos para que cuando sea una realidad, respete el derecho del productor al uso propio y que afirme taxativamente adónde terminan los derechos de los obtentores", sostuvo la Federación Agraria en un comunicado.
La entidad indicó que "es inadmisible la pretensión de cobrar en el grano, lo que se debe cobrar en la semilla".
La decisión de emitir un DNU fue dada a conocer ayer luego de una reunión que mantuvieron el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; el ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela; y el secretario de Agricultura, Gabriel Delgado, con representantes de toda la cadena productiva.
Allí también se anunció la creación de un registro que permitirá determinar "qué porción de la semilla no fiscalizada es de uso propio y qué porción corresponde al comercio de 'bolsa blanca'", término con el que se denomina al producto no certificado o fiscalizado.
La cartera nacional dijo también que "el DNU excluirá del pago a los pequeños agricultores" y que se conformará "un fideicomiso para el fomento de la biotecnología en el país a través del cobro de un canon tecnológico".
La decisión busca poner fin a un conflicto desatado hace un par de años a causa de un sistema planteado por la multinacional Monsanto para cobrar regalías sobre la soja comercializada con su tecnología intacta a partir de la firma de acuerdos entre privados.
Esta situación se profundizó aún más luego de que se conociera que la empresa impulsó una serie de contratos con las firmas exportadoras de granos para que se analice la soja al momento de comprarla a los productores y en caso de tratarse de tecnología patentada, se les descuente la regalía.
Al respecto, un comunicado conjunto de la Sociedad Rural Argentina; Confederaciones Rurales Argentinas; Federación Agraria Argentina; Coninagro; Federación de Acopiadores de Granos y Centro de Corredores de Cereales de Rosario advirtió hoy a los productores que "es importante informar que el Estado Nacional se expresó en contra de la cláusula que exige Monsanto".
Estas entidades advirtieron que "los principales exportadores e industrializadores de soja del país, resolvieron, a pedido de Monsanto, incorporar a sus contratos de compra de mercadería una cláusula que obliga a los vendedores a aceptar una retención compulsiva por parte de aquellos, en caso que se detectara (mediante un procedimiento carente de reconocimiento oficial) la presencia de tecnologías supuestamente patentadas".
"La pretensión de Monsanto es establecer un sistema ilegal consistente en que los distintos actores de la cadena, fiscalicen, informen y retengan dinero de manera compulsiva, en perjuicio de productores, acopios y cooperativas, lesionando la transparencia del sistema comercial mediante la generación de una posición dominante de mercado", agregaron las entidades.
Federación Agraria, por su parte, recordó que el año pasado presentó una denuncia ante la Secretaría de Defensa de la Competencia de la Nación, por "abuso de posición dominante", en virtud de contratos firmados por firma multinacional con los exportadores.
Fuente: Télam
