El titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli, afirmó que el ahorro y la inversión "se conectará en todo el país entre particulares y empresas", a partir de la nueva normativa, que busca federalizar "una herramienta que estaba vedada a un sector y la pone al servicio de la producción y el trabajo".
"La normativa busca federalizar una herramienta que estaba vedada a un sector y la pone al servicio de la producción y el trabajo"Vanoli
.La reglamentación de la ley 26.831 se concretó mediante el decreto 1023, publicado hoy en el Boletín Oficial.
Por el lado de las pequeñas y medianas empresas, Carlos Venier, directivo de la Cámara de la Mediana Empresa (CAME), confió en que el sector podrá "optimizar el cambio tecnológico", a partir de la implementación de la nueva ley.
La norma, "va a permitir el acceso al financiamiento a muchas empresas que hoy están todavía marginadas de la banca, y además generará inversión en capital de trabajo", dijo a Télam Venier.
Por su parte, el presidente de la Unión Industrial de Berazategui, Daniel Rosato, confió a su vez en los "beneficios en materia de financiamiento, sobre todo a las empresas chicas, que hoy no pueden acceder a la banca por una cuestión de papeles".
Vanoli subrayó que la ley "establece nuevas regulaciones y estructuras de mercado, genera productos financieros orientados a la economía real y sale de la lógica de la especulación".
"Estamos en presencia de la reforma financiera más importante de los últimos 40 años, con una lógica totalmente inversa a aquella, que era de desregulación y de endeudamiento".
También anticipó que esto producirá una especie de "big bang del mercado de capitales" y recordó que la nueva ley "le da al Estado un rol de fiscalización y control, a tono con lo que ocurre en todos el mundo, especialmente desde la crisis de 2008".
Destacó además el fin del "oligopolio de las calificadoras, que fracasaron en el mundo y expresaban una privatización neoliberal de la medición de riesgos".
Por el contrario, ahora "las universidades nacionales van a poder actuar como agentes con otra mirada profesional", sostuvo Vanoli.
Resaltó luego el impulso a la participación en el mercado, hasta ahora restringida, y dijo que habrá una verdadera federalización, al interconectarse todos los mercados del país.
Entre las pautas fijados para la defensa de pequeños inversores y accionistas, la reglamentación estableció los parámetros para la designación de veedores, con facultad de veto de las resoluciones adoptadas por los órganos de administración de empresas que operen en el mercado de capitales.
También se reglamentó el procedimiento para la separación de directivos por 180 días, hasta que se corrijan las deficiencias encontradas, en caso de vulnerarse los intereses de los accionistas minoritarios y/o tenedores de títulos valores.
Tales medidas podrán ser adoptadas para "promover la defensa de los intereses de los pequeños inversores", y según la "gravedad del perjuicio" que se determine.
Por otra parte, se dispuso que los agentes del mercado constituyan un Fondo de Garantía para Reclamo de Clientes y se determinó el cese inmediato de la publicidad engañosa ("utilización de nombres o expresiones u otras referencias que pudieran inducir a error, equívocos o confusión al público".
Los agentes de calificación de riesgo -agrega la norma- "no podrán prestar servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento a las entidades contratantes o a entidades pertenecientes a su grupo de control".
La reglamentación estableció, en otro orden, que las entidades emisoras "deberán fomentar la participación como accionistas de su personal en relación de dependencia, o de alguna o algunas de sus sociedades controladas".
La ley dispuso en su artículo 68º, bajo el título "Accionariado obrero", que en oportunidad de votarse un aumento de capital, la asamblea podrá resolver destinar "una parte (hasta 10%) de las nuevas acciones a emitir, para ser entregadas al personal".
La norma reconoce, por último, la categoría de "nuevos participantes" del mercado de capitales a asociaciones sindicales, cámaras empresariales, organizaciones profesionales, escribanos, profesionales matriculados en los Consejos Profesionales en Ciencias Económicas, abogados y otros sujetos que cumplan con los requisitos de cada categoría de agentes.
Fuente: Télam
