La medida que el Gobierno estudia implementar –hace ya unos 15 días- supone aplicar retenciones a quienes venden metales en bruto al exterior, tal como hizo con el agro y las petroleras. Es que con la suba generalizada de los precios de este sector, la Rosada espera recaudar –con una retención del 10%- $800 millones anuales.
Así es que las empresas comenzaran a hacer saber su desagrado frente a esa posible medida. Sin embargo, el reclamo no llegó a mostradores oficiales.
Las compañías remarcan –en la carta antes mencionada- que la principal razón por la que deciden invertir en el país es "la estabilidad jurídica que ofrece la Argentina", por encima de la "rica diversidad geológica".
A su vez, la misma misiva informa que serán afectados los cuatro asentamientos mineros en San Juan, así como otros cuatro, distribuidos en Catamarca, Santa Cruz, Jujuy y Neuquén.
"Cambiando la estabilidad jurídica, perdemos los proyectos, los impuestos y la reputación de ser un país donde invertir", agrega el documento que también desliza una posible reubicación en caso que se hagan efectivas las retenciones al sector.
"Muchos proyectos mineros están cercanos a la cordillera de los Andes y está probado que la detectada riqueza geológica al Este de estas montañas, también está del otro lado".
Fuente: Infobae.
