Entre las condiciones incluidas se establece que la amortización del capital se efectuará en 200 cuotas mensuales, a una tasa de interés fija de 6% anual.
La resolución extiende las pautas contempladas en el Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas, creado en mayo de 2010.
En aquel momento se dispuso reducir y reprogramar la deudas provinciales de manera de mejorar la situación financiera de corto y largo plazo, para lo cual se eliminó el ajuste por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) y se ampliaron los plazos de reembolso.
En los considerandos de la resolución se señala la necesidad de que las gobernaciones "puedan proseguir con la aplicación de políticas públicas que coadyuven a sostener los niveles de empleo, preservar las actividades productivas y financiar la asistencia requerida por los sectores sociales desprotegidos".
También se resalta que las provincias "vienen dando cumplimiento al envío de información fiscal".
Los convenios a firmar entre las provincias y la Nación para ampliar el plazo de gracia incluyen el compromiso de "avanzar en la elaboración de indicadores sectoriales que midan la eficiencia y eficacia en materia de recaudación, y eficiencia en materia del gasto público".
Las provincias deben además informar sobre sus plantas de agentes de seguridad por categoría (clase o escala) del cargo, así como también los montos correspondientes a los distintos componentes de los sueldos de los cargos testigos de dicho personal.
También se deberá remitir al Ministerio de Economía información sobre complejos productivos estratégicos.
Esto permitirá "fijar metas de exportaciones, financiamiento, empleo y producción, generando un valor agregado industrial que posibilite la sustitución de importaciones y el desarrollo tecnológico para garantizar su productividad de largo plazo".
Igualmente, se identificarán las obras de infraestructura que resultan "vitales e indispensables" para generar competitividad de las economías provinciales, y las condiciones para transformar las cadenas de valor y los sistemas de producción.
Otro requisito será el suministro de información sobre los jóvenes de 18 a 24 años de edad matriculados en establecimientos educativos (a los fines del plan Progresar); y las ofertas educativas y de cuidado infantil.
Las provincias tendrán que informar asimismo sobre las leyes, regímenes, programas, líneas de crédito, centros de asistencia técnica, proyectos y planes estratégicos de gestión estatal, "orientados a generar aumentos en los niveles de producción de bienes y servicios; incorporar valor agregado; generar más y mejor empleo y/o fortalecer las capacidades productivas".
Los informes a la Nación comprenderán las políticas de seguridad pública provincial; y de salud (estadísticas vitales, de hospitalización, vacunaciones, etc.).
Del mismo modo, se deberán cumplir los compromisos de cooperación con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), y se informará sobre las metas en materias sociales, laborales y de mejora de condiciones de vida.
Por último, las provincias suministrarán información a la Secretaría de Comercio, que posibilite "aunar esfuerzos" en lo que hace a la implementación del Programa Precios Cuidados.
Fuente: Télam
