La norma establece que se suspende por 90 días la posibilidad de cancelar las cargas fiscales con títulos de deuda y remarca que el Palacio de Hacienda deberá definir durante ese plazo la continuidad o no de la medida.
En los considerados del decreto, el gobierno sostuvo que las normas dictadas en favor del uso de esos documentos no contemplaron "el sistema de programación financiera necesario para la afectación de los sucesivos ejercicios presupuestarios", afectando el ingreso de efectivo a las arcas del Estado. (Télam)
