Así se obtuvo un único dictamen encabezado por las firmas de los diputados del oficialista Frente para la Victoria; en tanto que los bloques opositores acompañaron aunque cuestionaron los motivos que llevaron a que el tema debiera ser incluido en sesiones extraordinarias.
Fuentes parlamentarias estimaron que la sesión se iniciará al mediodía y que, debido a la cantidad de diputados interesados en dejar expresadas sus posiciones sobre el tema, se extendería hasta pasada la medianoche.
El debate fue incluido en sesiones extraordinarias del Congreso tras el fallo que absolvió a los 13 acusados en el caso Marita Verón.
El debate del proyecto fue incluido en el temario de convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso enviado la semana pasada por el Poder Ejecutivo, luego de conocerse el fallo de la justicia tucumana que absolvió a los 13 acusados por el secuestro y desaparición de Marita Verón, víctima de una red de trata de personas.
Tras ese fallo, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se comprometió "a seguir acompañando" a Susana Trimarco, la mamá de Marita, en la lucha contra los responsables de la trata de personas.
El proyecto que recibió dictamen ayer cuenta con media sanción del Senado y contempla ampliar las condenas para los delitos de explotación sexual simple entre 2 y 4 años, mientras que la agravada establecía penas de prisión de 5 a 15 años cuando las víctimas hubiesen quedado embarazadas o fueran menores de edad.
La modificación plantea más derechos para las víctimas porque, además de buscar condenar a los culpables del delito, intenta dar un salto en la prevención.
Para las víctimas que tienen que testificar en un juicio, la nueva propuesta modifica el Código Procesal Penal para que las declaraciones sean realizadas por un psicólogo designado por el tribunal y en ningún caso por las partes.
Otro de los puntos principales de la modificación es que el consentimiento de la víctima no constituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad penal para los autores del delito.
Además, ordena la creación de un registro de estadísticas, sobre la base de un sistema sincronizado de denuncias que deberá resguardar los datos durante 10 años, con fines de investigación.
Fuente: Télam
