De acuerdo con el texto legal, el objetivo de la nueva legislación apunta a propiciar la regulación de la exclusión del maltrato, combatir el “bullying” o acoso escolar, y promover la cultura de paz en la comunidad educativa, procurando “prevenir, identificar, intervenir, suprimir y sancionar el maltrato dentro del ámbito escolar de gestión pública y privada en sus distintos niveles y modalidades”.
La flamante ley define al “bulling” como “todo acto de acoso, violencia, intimidación, abuso, maltrato verbal, físico o psíquico reiterado, entre niños, niñas y adolescentes que asisten al mismo establecimiento educativo, con el ánimo de hostigar, amenazar, amedrentar, coaccionar, manipular o aislar socialmente a otro u otros pares”.
Para erradicarlo, se prevén una serie de medias que incluye la creación del Observatorio de Violencia Escolar, órgano dependiente del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología; integrado por profesionales especializados en la materia, miembros de asociaciones vinculadas a la problemática del maltrato y supervisores, que tendrán a su cargo las tareas de identificación, relevamiento y exclusión de la violencia en la comunidad educativa. Además, dispone que cada establecimiento educativo cuente con un Consejo para la prevención y resolución de conflictos y violencia escolar.
Asimismo, se propone un sistema de detección que incluye la instalación de cámaras de video en los establecimientos, la colocación de buzones de denuncias, y campañas de concientización para estudiantes, así como capacitaciones para docentes y padres de alumnos. De acuerdo con las estadísticas que surjan de los relevamientos, las instituciones podrán acceder a un certificado donde conste que son un ámbito “libre de maltratos”.
