De acuerdo a un inédito paso judicial que otorga nuevas posibilidades a las decenas de ex combatientes de Malvinas que denunciaron haber sido torturados y maltratados por sus superiores durante la guerra con el Reino Unido, el juzgado federal de primera instancia de Comodoro Rivadavia, a cargo de Eva Parcio de Selemme consideró el jueves pasado como delito de lesa humanidad y crimen de guerra uno de estos casos.
Lo hizo al calificar como "imprescriptibles" los hechos denunciados, como pedía la defensa de un procesado.
Fuentes judiciales informaron al diario Clarín, que en los próximos días la jueza resolverá la situación procesal de los dos imputados existentes, que según la prensa de Corrientes son el sargento primero Hugo Álvarez y el ex capitán Daniel Alejandro Delfor Polano, hoy teniente coronel.
La denuncia contra ellos fue presentada por Juan Carlos Gómez, quien en abril de 1982 pertenecía a la III Brigada de Curuzú Cuatía.
Según Gómez, en los días previos a partir hacia los campos de batalla de Malvinas, pero ya durante la guerra, fue estaqueado por Alvarez durante varias horas en el predio del Liceo Militar "General Roca", de Comodoro Rivadavia.
De allí que el caso esté radicado en suelo chubutense. Esta causa es además un desprendimiento de otra que se abrió en Río Grande, la jurisdicción constitucional sobre Malvinas.
En Río Grande radica la mayoría de las denuncias que los ex combatientes hicieron llegar inicialmente al ex subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Andrés Vassel, y que hoy han surgido en otras provincias.
Son unos cien testimonios en todo el país, algunos espeluznantes, que denunciaron haber sufrido hambre y frío obligados, estaqueos, y hasta golpes de sus superiores.
Éste es un debate que divide a las agrupaciones de combatientes.
Algunas, en sintonía con la cúpula militar, niegan la existencia de semejantes vejámenes a los subordinados, mientras que otras vienen solicitando al gobierno nacional que el tema sea considerado dentro de la política de derechos humanos que reivindica el kirchnerismo.
Según una fuente ligada a la investigación, comentó que Gómez contó a su favor con el testimonio directo de cuatro ex compañeros, que hace una semana reconocieron a Álvarez sin equívocos, en una ronda de reconocimiento ante la jueza Selemme, que se trasladó a Capital para efectuar esta diligencia en el Edificio Centinela de la Gendarmería.
La causa se abrió hace menos de un año, y mientras Polano se negó a declarar, Alvarez sí se presentó, pero negó todo, incluso que se torturara a la propia tropa en Malvinas.
En el juzgado de Selemme apuntaron que los testigos estuvieron incluso en el Liceo de Comodoro haciendo un reconocimiento del lugar, y que lo hicieron "muy fácilmente" pese a que habían transcurrido más de veintiséis años desde la guerra.
Ahora falta dilucidar si Álvarez actuó o no bajo las órdenes de Polano, por entonces su jefe.
Por su parte, el presidente del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de la Plata (CECIM), Ernesto Alonso, informó también a este diario que tanto Polano como Álvarez cobraban las pensiones honoríficas que por decreto de 2005 gozan oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad veteranos de la guerra de 1982.
El CECIM y otros grupos en todo el país vienen pidiendo que las deroguen, por estar también cobrándolas uniformados ligados a la represión ilegal de la última dictadura. (Telam)
