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Por Pablo Guido y Gustavo Lazzari

Las espaldas del sector privado. Sobreempleo público y desquicio fiscal

El presidente Kirchner y los miembros de su gabinete constantemente repiten que la Argentina debe ser un país serio y que la política del gobierno está identificada con ese objetivo. Sin embargo, un análisis de algunos datos oficiales reflejan que nuestro país se encuentra a años luz de ser un país“serio y normal” En la Argentina el número de personas cuyo ingreso depende del estado es de casi 7 millones.
El presidente Kirchner y los miembros de su gabinete constantemente repiten que la Argentina debe ser un país serio y que la política del gobierno está identificada con ese objetivo. Sin embargo, un análisis de algunos datos oficiales reflejan que nuestro país se encuentra a años luz de ser un país“serio y normal” En la Argentina el número de personas cuyo ingreso depende del estado es de casi 7 millones.

 

Sector Público Nacional

                    294.380

Universidades Públicas (1999)

                    136.345

Banca Pública (1999)

                      19.280

Sector Público Provincial

                 1.360.622

Sector Público Municipal

                    334.000

Subtotal

                 2.144.627

Plan Jefes y Jefas desempleados *

(*) No se considera los JJ empleados [1][2]

                 1.384.497

Jubilados y Pensionados

                 3.445.000

Total

                 6.974.124

 Fuente: Fundación Atlas en base a INDEC, Dirección Nacional de Ocupaciones y Salarios del Sector Público, Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias y Dirección Nacional de Políticas de Seguridad Social.

 Teniendo en cuenta que en el sector privado trabajan 9.155.000 personas tenemos una“relación de sostenimiento de 1,31” Es decir que por cada dependiente del estado hay 1,31 particulares generando riqueza e ingresos para luego ser redistribuidos vía el Estado.

La cantidad de personas cuyo ingreso depende directamente del Estado (sin considerar si tienen personas a su cargo) equivale al total de la población de las provincias de Catamarca, Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Es decir, 14 de las 24 provincias argentinas.

El desempleo encubierto en las provincias.

 La Provincia de Buenos Aires es el distrito donde la relación entre Empleados públicos/Población Económicamente Activa es la mas baja: 6,82 es la cantidad de empleados cada 100 habitantes. Si establecemos esta relación como“óptima”, podemos preguntarnos �por qué el resto de los distritos demandan dotaciones mayores?. El hecho que el resto de las provincias (que a todas luces no muestran una performance mucho mejor que la Provincia de Buenos Aires) tengan una relación mayor de EP/PEA da cuenta de la existencia de personal sobreempleado. Claro que suponer que la provincia de Buenos Aires tiene una dotación de recursos humanos adecuada, sin presencia de“ñoquis”, ni empleo y funciones estatales superfluas o superpuestas con otros niveles de gobierno (Nación y municipios) es un supuesto muy fuerte. Tengamos en cuenta que el estado de Buenos Aires emplea la misma cantidad de personas que el estado de California en Estados Unidos. Sin embargo California tiene un PBI 40 veces superior al PBI de la Provincia de Buenos Aires.

 El total de empleados públicos provinciales en el 2002 fue de 1.360.622 representando el 8,8% de la población económicamente activa. Si la relación Empleados Públicos/ Población Económicamente Activa en todas las provincias debiera ser igual a la jurisdicción con menor porcentaje (Buenos Aires 6,82%) entonces el total de empleados públicos provinciales debería alcanzar unos 1.027.678, con lo cual podemos decir que hay un sobreempleo del orden de las 332.943 personas. Esto representa un 25% de la dotación total de personal público en las provincias.

Según estos datos podemos calcular que el sobreempleo público provincial tiene un costo anual de $ 4.110 millones anuales. Esto es igual al 22,7% del gasto en personal consolidado o bien el 12% del gasto total consolidado. Si se subsidiara a las más de 300.000 personas que se encontrarían“sobreempleadas”con un monto equivalente al ingreso promedio per cápita de la Argentina ($8.633 anuales) el costo de dicho seguro de desempleo sería de $ 2.877 millones anuales.

El monto mensual para cada uno sería de $ 720, o sea casi cinco veces el valor del actual plan Jefes y Jefas.Dicho esquema de subsidio en lugar de empleo encubierto implicaría un ahorro de $ 1.232 millones anuales, lo que equivale al 75% del déficit consolidado de las provincias para el 2002.

Para reflejar la magnitud del sobreempleo público podemos decir que en La Rioja, Tierra del Fuego y Santa Cruz hay un empleado estatal cada tres familias o que la ciudad de Buenos Aires dobla a las nóminas estatales de Washington DC, Los Angeles o Chicago o que en la capital de nuestro país tenemos casi 9 empleados públicos por cada manzana.

�Más datos? De los 100 más grandes empleadores del país los primeros 22 son administraciones públicas ubicándose el privado mas grande en la posición 23. La Municipalidad de La Matanza emplea tantas personas como las dos distribuidoras más grandes de electricidad (Edenor y Edesur) o la misma cantidad que una de las mayores empresas exportadoras de alimentos (Arcor). La Municipalidad de Avellaneda emplea a más personas que la empresa más grande del país en términos de facturación (YPF), mientras que la Ciudad de Buenos Aires supera holgadamente a la dotación de todas las cadenas de supermercados del país. Otro dato aterrador: la provincia de Buenos Aires emplea a más personas que las 100 primeras empresas privadas que más personas emplean en el país.

Conclusiones

 Argentina es un país donde el enorme tamaño del estado implica una mochila insalvable e insostenible para el sector privado. A su vez los intentos distribucionistas sólo pueden intentarse sobre la base de enormes incrementos en la presión tributaria.

La solución al sobreempleo público y la distribución de la riqueza que tanto preocupa al Presidente pasa por un vigoroso crecimiento de la creación de riqueza del sector privado, incrementando la cantidad de empresas nacionales y extranjeras, permitiendo el desarrollo de todo tipo de negocios lícitos en un marco de seguridad jurídica, riesgo de confiscación igual a cero y un acelerado retiro del gobierno de protagonismo en la vida civil y económica de los argentinos


 

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