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Por Carlos Ruben Escobar

¿Policía paralela para combatir a la bonaerense?

En el último tiempo como si de golpe se hubiera corrido un velo imaginario, todos, absolutamente todos descubrieron en mayor o menor medida que en la Policía Bonaerense hay casos de corrupción. Seguramente Eduardo Duhalde ya no explicará que estamos ante la "Mejor Policía del Mundo", pero también los medios de comunicación dan cuenta en forma cotidiana de tantos casos aislados, que de poco vale la pretensión de quienes aún sostienen que "hay que defender las instituciones" o "Los que fallan son los hombres".

La Bonaerense, como se conoce vulgarmente a la Policía de la provincia de Buenos Aires, aparece en el último tiempo como la Fuerza Armada más potente de Argentina. Según expresó el gobernador Solá: "La ciudadanía se preocupa cuando se demuestra que los Jefes son corruptos, si son de grado menor, es como que estamos históricamente acostumbrados".

La inseguridad pública se convirtió en una de las mayores preocupaciones de la vida de los ciudadanos, también porque se percibe que el Estado no aparece en condiciones de controlar el problema. En este sentido, tanto la objetividad de los hechos de violencia delictiva común, como la percepción que la ciudadanía tiene acerca de la creciente inseguridad en su ambiente cotidiano y de la corrupción policial. Esta percepción alude a una realidad eminentemente subjetiva. Se refiere a sensaciones y creencias, afirmaciones genéricas transmitidas "de boca en boca", con fuentes que no siempre tienen un origen exacto; aún así, convierten a la inseguridad en una de las principales demandas a un orden estatal que se percibe como ineficaz para garantizar los derechos y la libertad de los habitantes del país. A ello se asocia, consecuentemente, el pedido de endurecimiento de la legislación penal y de mayor presencia y actividad por parte de la policía. Ello va asociado a que el crimen común resulta para muchos beneficioso económicamente, a bajos costos. Los baches de la legislación penal, los diferentes criterios judiciales, y las bajas penalizaciones hacen que los delincuentes no reciban, en la práctica, una pena por sus acciones.

También porque se percibe que el Estado no parece en condiciones de controlar el problema y para colmo de males quienes fueron armados para defender a la ciudadanía demuestran diariamente cada vez mayores niveles de corrupción.

Junto con el aumento de la actividad delictiva, la pérdida de posibilidades laborales -y por ende, de subsistencia- alimenta la sensación de que la fuerza puede ser la única alternativa que resta a quienes intentan no quedar fuera del sistema económico en marcha. Los conflictos sociales por demanda de fuentes laborales se han convertido en una escena cotidiana. La metodología empleada (cortes de rutas, ocupación de espacios públicos y propiedades) instaura un clima social de inestabilidad que pone en jaque al mismo gobierno, quienes dudan en aplicar la fuerza de la ley frente a conflictos que se originan en demandas legítimas, por miedo a ser vinculados a prácticas "autoritarias". Por parte de los demandantes, la aparición pública y su reflejo en los medios de comunicación representa la esperanza de que sus reclamos sean escuchados, mientras manifiestan verse "empujados" a utilizar métodos que no quieren emplear. Junto a ello, el riesgo siempre latente de grupos violentos infiltrados en conflictos sociales aparece como un recordatorio de historias pasadas.

Unido al panorama de exclusión social en los tiempos de la globalización, surge la realidad del incremento de la violencia, ya no política como en décadas pasadas, sino social. La vinculación entre violencia y exclusión social se refuerza por el influjo de la cultura posmoderna con pérdida de valores referenciales, y la ausencia de sentido de realidad provocada, en muchos, por el influjo de las drogas. La ausencia de un marco de sentido para la propia vida es agravada por el espectáculo muchas veces escandaloso de la corrupción policial, política y económica.

En este sentido, se denomina social a este tipo de violencia porque sus raíces surgen del mismo seno de las condiciones de vida de la sociedad, antes que de la búsqueda de cambio de un orden político. De hecho, la deslegitimización de la política crece junto con la ilegitimidad adjudicada a los gobiernos tanto por los actos de corrupción como por la inhabilidad para mejorar la calidad de vida de la gente. Las fuentes de esta violencia social se observan principalmente en tres campos: la actividad delictiva común (robos, homicidios), los conflictos sociales, y el accionar del crimen organizado.

Es en ese punto donde las autoridades se debaten. Ya pasaron tantas depuraciones en la Bonaerense, que publicitarlas ya no impacta en la sociedad y por el contrario aumenta el malestar ciudadano. De Duhalde a la fecha se dieron de baja a tantos funcionarios policiales, que la noticia del alejamiento del comisario Casafuz, ni siquiera fue primicia "de nadie" o la separación del Comisario Claudio Smith, ni siquiera fue noticia.

El descrédito de la fuerza policial es tal que desde los altos mandos sabedores que se acercan al cierre de un circuito histórico, intentaron "salvar la ropa" y alentar la tarea del área conocido como Asuntos Internos, para aventar la percepción ciudadana del legendario "Policía no Investiga Policía".

En la mesa de trabajo del Presidente de la Nación, se encuentra el material que con fino cuidado demuestra que se estaría trabajando en la conformación de una Policía Bonaerense paralela, habida cuenta que los máximos gobernantes de Argentina afirman que no pueden continuar "descabezando cúpulas" en forma ilimitada y que además una profunda reforma derivaría en gravísimos enfrentamientos que finalizaría posiblemente desestabilizando al propio gobierno nacional.

Para los más descreídos se debe puntualizar que la iniciativa que impulsa el Dr. "K", no es propia sino que viene impulsada desde el exterior bajo la denominación Proyecto Cono Sur.

En la actualidad el Gobierno observa un debate constante en los medios de comunicación entre los llamados "garantistas" y los impulsores de la "mano dura". Pero mientras se discute la doctrina a aplicar, pocos son los esfuerzos realizados en las legislaturas y en las administraciones para modificar las raíces de las estructuras y prácticas autoritarias (y corruptas) de las policías o para diseñar una política criminal más eficaz. Los pedidos de orden por parte de la ciudadanía parecen ser interpretados solamente en el aspecto represivo, siendo casi inexistente el trabajo estatal para prevenir la comisión de delitos. La amenaza de represión a los conflictos sociales como primera y -en ocasiones- única respuesta, alimenta a su vez la violencia por parte de los grupos demandantes.

El inicio de los pedidos de intervención de las Fuerzas Armadas para restaurar el orden y achicar el poder de la Bonaerense se estrellan ante la decisión presidencial. Ello, tanto para el control de la delincuencia común, como del crimen organizado.

En suma, la gobernabilidad democrática y la decisión presidencial enfrenta, mirando hacia el futuro, una suerte de dilema: ¿Cómo responder a la demanda ciudadana de mayor orden público sin transgredir los marcos formales que definen mínimamente a un régimen democrático? Si la actual configuración del sistema económico y social se sostiene en la existencia de una masa de excluidos, y la criminalidad y conflictos sociales asociados no pueden ser resueltos por un Estado que pierde aceleradamente su legitimidad y que carece de recursos económicos, es el recurso a la fuerza estatal el que garantizará el orden, o el que aumentará el nivel de conflictividad interna? Más aún, si ante un escenario caótico el Estado corre riesgo de desaparecer, lo más probable es que recurra a la represión y, más aún, a la militarización como forma de fortalecerse. Ello produciría un riesgo cierto de resurgimiento del autoritarismo en una cultura democrática aún débil.

Por ello aunque los medios masivos de comunicación del país no lo entiendan, no lo crean o no coincidan, se está estudiando seriamente la instrumentación de otra fuerza paralela a la Bonaerense, como único método de dejar fuera de juego a poderosos grupos armados que responden a determinados ex policías que aún fuera de la fuerza acumulan tanto poder como fortunas.

Ante la consulta directa un alto funcionario bonaerense expresó: "No sé que vamos a hacer si todavía no pudimos terminar con los Comisarios y no quiero saber que va a suceder cuando vayamos por los Jefes de Calle".

Se debe destacar que el Ministro de Seguridad esbozó algunas cuestiones que tienen que ver con lo que se viene al enfatizar que se debe alcanzar un acercamiento entre las comunas y la policía (casi como paso previo a las policías de condados con jefe electo por la comunidad).

Los memoriosos recordarán que un Ministro de la Nación denunció connivencia entre Intendentes del Conurbano bonaerense y Jefes Policiales (en un claro aporte a la confusión general).

Todo está por verse y a veces los ciclos históricos poco tienen que ver con el tiempo biológico, por esa razón si bien no está todo dicho asistimos a una gran pulseada entre una fuerza del Estado y el Estado mismo, lamentablemente en el medio se encuentra la comunidad


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