Este proceso, que abarcará más de un millón de casos, busca garantizar el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el Decreto 842/2024 y generar un ahorro proyectado de 900 mil millones de pesos para este año.
Los beneficiarios deberán presentarse a una evaluación médica con profesionales de PAMI, donde se revisará la documentación correspondiente. La inasistencia sin justificación puede derivar en la suspensión del beneficio.
El plan de auditoría responde a irregularidades detectadas en 2024, cuando solo el 20% de las 22.417 pensiones analizadas cumplió con los requisitos. También se encontraron casos de beneficiarios fallecidos, presos y prófugos de la justicia percibiendo la pensión. Se prevé completar la revisión de todas las pensiones activas en la primera mitad de 2025.
