La tarea de la comisión técnica tiene fin previsto para el viernes. Solo en caso excepcional se prolongará durante el fin de semana. Si bien el paquete de rescate es de más de 85.000 millones de euros, Grecia desea que se llegue a un acuerdo en no más de quince días.
La comisión se dedicó a analizar las finanzas públicas después de la larga asfixia financiera a que fue sometido el país por retenciones de fondos de parte de las instituciones crediticias (CE, BCE, FMI) conocidas inicialmente como "la troika" para asegurar que adopte un plan de ajuste que la población repudió.
La CE considera que el país está mucho más deteriorado que al momento de llegar al poder la coalición Syriza con su programa de permanencia en el euro y fin de los ajustes privatizadores, que llevaron a Grecia a una creciente miseria y una progresiva paralización.
Se espera que el PBI, en vez de crecer un 0,5%, caiga un 4%, en un contexto determinado por una baja en la recaudación de alrededor de 2.300 millones de euros, atrasos en pagos a proveedores por 4.000 y una asfixia financiera que impediría a Grecia obtener este año el superávit primario que los acreedores le exigen (1%).
Solo se podría obtenerlo sin más ajustes en caso de que los acreedores den su aprobación.
El gobierno de Tsipras quiere intentar cerrar un acuerdo antes del 20 de agosto, fecha en la que vencen nuevos pagos al Banco Central Europeo de 3.200 millones de euros, para los que no hay fondos disponibles, indicó la agencia de noticias EFE.
Tsipras quiere evitar que haya que firmar un nuevo crédito puente para afrontar este pago.
Entre tanto, frente a una oposición que le exige explicaciones por haber preparado un plan que -según un diario pro-ajuste- permitía sacar a Grecia del euro, el exministro de finanzas griego, Yannis Varufakis, replicó que lo único importante del plan eran las "abominables" restricciones a la soberanía que buscaba eludir.
Su plan, que procuraba aprovechar una plataforma preexistente en el organismo recaudador de impuestos para mejorar la situación de liquidez del país, buscaba zafar del control que sobre el mismo ejerce la "troika" -Banco Central Europeo, Comisión Europea (CE) y FMI- sobre el organismo recaudador.
El escándalo se produjo porque para ello había considerado hackear la web de la Secretaría General de Ingresos Públicos, y obtener información impositiva que es prerrogativa natural de cualquier estado, como las claves fiscales de los contribuyentes.
Varufakis, a quien ahora se intenta quitar los fueros parlamentarios a partir de una causa por alta traición iniciada por un político de provincias, líder de un partido sin representación parlamentaria, expuso en la teleconferencia que esa medida se consideró como hipótesis.
Es que la "troika", denunció hoy, impone "una abominable restricción de la soberanía nacional a los ministros griegos, a los que se les niega el acceso a departamentos de sus propios ministerios que resultan cruciales para poner en marcha políticas innovadoras".
La respuesta del legislador de Syriza, que publicó hoy en Londres el Financial Times, concluye diciendo que "cuando la pérdida de soberaní¬a da lugar a políticas subóptimas en naciones que ya están bajo presión, se sabe que hay algo podrido en el reino del euro".
Hoy, la portavoz de la CE, Mina Andreeva, afirmó en una conferencia de prensa que "las alegaciones de que la troika controlaba la Secretaría General de Ingresos Públicos son falsas e infundadas", informó la agencia de noticias EFE.
Según Andreeva, "la CE y el FMI solo dan asistencia técnica a la administración de impuestos, pero definitivamente no controlan la Secretaría General de Ingresos Públicos", y "sugerir que la troika controlaría la Secretaría General simplemente no es verdad".
Fuente: Télam
